La sostenibilidad económica, la aparente hermana menor de las sostenibilidades

En el vigente principio rector del planeamiento urbanístico que es la sostenibilidad integrada, resulta cada vez más patente que no todos sus componentes gravitan con igual peso. De las cuatro perspectivas que la conforman, la medioambiental, la social, la física y la económica, parece que la económica es la que tiene menor relevancia sobre los planes urbanísticos y las ordenaciones.

Recordemos que la sostenibilidad económica es aquella que nos obliga a anticipar dos factores y obrar en consecuencia para no trasladar pasivos (o al menos que no sean insalvables) a las generaciones venideras.

En primer lugar, supone no generar saldos negativos en las Haciendas Públicas como consecuencia de la transformación urbana y acaso de la preservación urbana ¿o este último no entra en el juego?

En segundo lugar, supone proveer de suelo suficiente y adecuado para las actividades productivas, que no tanto de servicios o de mero intercambio monetario, en la consideración de que la clave de la supervivencia urbana y de las poblaciones no reside en el desarrollo residencial, ni siquiera en su soporte dotacional, sino en el empleo productivo, ese que genera valor añadido.

Pues bien, ante estas claras determinaciones nos encontramos con una falsa neutralidad y un vaciamiento de análisis económico, fundamentalmente por una negación de la naturaleza económica del planeamiento urbanístico, posiblemente por una falta de formación y por ciertas presunciones que no son más que una patada delante hacia un colapso casi seguro.

Por un lado, tenemos el “adanismo” viviendista, ahora pertrechado de urgencia habitacional. Por otro, la deseducación rehibilitadora, huidiza de cualquier deber colectivo incentivada por lustrosos euros comunitarios. Y finalmente, el mero énfasis en la viabilidad económica de las actuaciones, en una mirada de alcance limitado al simple hecho de la transformación física del suelo en el mejor de los casos (nadie se pregunta sobré que pasa después de recibir la urbanización, “no question, no problem”).

Es verdad que la sostenibilidad partió de la perspectiva ambiental y luego se ha ampliado a lo social, incluso a lo físico y a lo económico ¿pero este último donde ha quedado?, ¿es una mera cuestión que ha de justificarse con mayor o menor acierto y conocimiento?, ¿o es un documento apostillado que se añade a regañadientes y que cuando se omite u olvida negamos su trascendencia como si fuera un mero defecto formal?

En el nuevo modelo de planeamiento estamos obligados a hacernos las preguntas, hacer los análisis necesarios para sopesar los efectos de nuestras decisiones, si podemos y debemos adoptarlas, si las mismas llevan anudadas la adopción de otras. Por ejemplo, si establecer tal o cual ordenación y/o regulación generan saldos negativos  y si debemos acomodar las correspondientes decisiones fiscales y de ingresos públicos (impuestos y tasas) para cubrir dichos saldos. La relación parece evidente ¿no?

Y siguiendo este razonamiento ¿podemos seguir calificando suelo residencial sin ponderar las necesidades de suelo productivo?, ¿Dónde van a trabajar esas personas para generar rentas e ingresos que sufraguen la Ciudad -la del “Derecho a la” y la de “las Obligaciones con la”- y los servicios públicos?

Estamos tan acostumbrados a que los planes soporten casi todo, que son como la carta al Olentzero. El mero hecho de la planificación, su diseño, de la decisión de medidas sociales y ambientales gozan de un plus de validez y factibilidad, donde casi nadie quiere saber cómo se costea ni cómo se mantiene. Casi nadie quiere saber cómo se paga y mucho menos financia (si antes no mirábamos en serio la viabilidad económica, como plantearnos si son sostenibles económicamente).

¿Podemos sostener racionalmente la idoneidad de esta forma de hacer el planeamiento?