[Planeamiento v21] 12: ¿Debe estar condicionado el plan por quién paga o debe condicionar el plan a quien lo paga?
O la parálisis por análisis.
Esta entrada ha sido elaborada por Jose Luis Azkarate, Gorka Cubes Á,lvaro Cerezo y Natxo Tejerina
No, no hemos caído bajo el influjo de Rajoy con su alcalde y los vecinos, pero esta pregunta que enunciamos a modo de trabalenguas nos sitúa ante el dilema más habitual del plan urbanístico, pero que a su vez va a ser trastocado de manera determinante por la variación del modelo, tanto porque, como venimos señalando, la edificabilidad ya no es del propietario como porque la misma cada vez será menos determinante por su innecesaridad y seguramente insostenibilidad.
En ese escenario no tan remoto surge la pregunta más determinante ¿En qué se basará el plan cuando no haya más edificabilidad que asignar sobre nuevo suelo, ni sobre el ya existente? ¿Cómo afrontaremos los costes de la intervención urbana de manera integrada?
En esta época COVID-19 o de inicio del post-COVID-19 están surgiendo numerosos análisis sobre los errores urbanos cometidos, pero sobre todo de la necesidad de replanteamiento de soluciones urbanas: desde el cuestionamiento de la ciudad compacta a la reocupación rural; de la reducción de la ocupación de los vehículos a motor a la repeatonalización de las calles y la reformulación de los transportes; de la reordenación espacial de los edificios a la reformulación de las tipologías edificatorias y de la necesidad de repensar y reformular los nuevos crecimientos a la intervención en la ciudad existente, etc. Pero nos tememos que todas ellas (presuponiendo que se plasman en algún instrumento o plan, por si alguien esgrimiera que no son conceptos sinónimos en nuestra esfera urbanística) eluden el autentico muro o barrera con la que se chocan o chocarían todas esas propuestas. Se analizan múltiples variables y perspectivas, pero hay una cuya ausencia destaca sobre manera ¿Quién y cómo se pagan las mismas?, ¿Cómo se pagan todos esos deberíamos hacer…?
En urbanismo, la mayoría de las ocasiones y sobre todo porque así se conceptualizó desde la LS56, todo se afrontó con crecimiento o lo que es lo mismo, con edificabilidad (la promesa del incremento de valor creciente de las propiedades y de la existencia de un número creciente de compradores que todo lo permitía y arreglaba siquiera por el mero paso del tiempo). Por tanto, aquellos crecimientos fenómenos extraordinarios estaban asociados a flujos de ingresos y gastos de ese mismo carácter que no queremos reconocer.
Pero en el actual escenario, y no queremos resultar derrotistas sino realistas, eso ya no va a ser posible. El mercado se va a contraer y el número de compradores de esa edificabilidad materializada cuya hipotética adquisición permitiría financiar todos esos proyectos será tendencialmente decreciente. Y no es solo una cuestión de mercado o dinero, es que no va a ser posible social, ni económica, ni medioambientalmente afrontar esas necesidades bajo ese modelo e instrumento. Los crecimientos y colonizaciones serán cada vez menores, más competitivos entre sí, no pudiéndose descartar incluso escenarios de decrecimiento poblacional y territorial. Más aun, considérese que estamos hablando de nuevos suelos, pero ¿Y qué hacemos con lo que ya tenemos?, ¿Con la ciudad existente? Ahí están todas las propuestas que antes señalábamos.
¿Pero cómo intervendremos si ya no tenemos el mecanismo de la edificabilidad, del crecimiento sobre el crecimiento previo, de la reurbanización con reordenación y crecimiento exponencial? ¿Y si además lo tenemos que hacer de manera generalizada debido a la obsolescencia temporalmente coincidente de las grandes bolsas de desarrollo urbano?
No quedan muchas opciones la verdad y creemos que establecer que sea la administración no es más que una trampa, contable si se quiere. Somos nosotros, debemos ser todos nosotros quienes tenemos que afrontar el coste de dichas actuaciones de intervención sobre el medio urbano, la pregunta es cómo, con qué mecanismo queremos hacerlo: contribuciones especiales, recargos de IBI, deber de conservación u otros mecanismos tributarios… pero pagar, lo que es pagar, pagamos todos nosotros.
Y llegados a este punto, la pregunta es si ese hecho, el que seamos nosotros mismos los que debamos pagar la intervención, condiciona sobremanera la definición de esa intervención ¿Decidimos igual cuando pagamos nosotros que cuando es la Administración quien paga? (Administración: esa entidad que gobierna el dinero público que es de todos y, como algunos sostienen, no es de nadie). La respuesta parece obvia, el medio condiciona el resultado pretendido.
Por todo ello, ante todas las nuevas perspectivas y soluciones que se proponen sobre lo común, ¿no debería llevar aparejada una determinación idéntica sobre quién y cómo se pagan y si eso es viable o no?
Ahora sabemos que el plan urbanístico cuando incluye actuaciones de transformación de régimen general donde los propietarios no tienen el deber de afrontarlas, la viabilidad y sostenibilidad económica operan de manera diferente (de manera específica en las actuaciones de “borrón y cuenta nueva” que es probable que tiendan a ser testimoniales), puesto que se presupone que si una administración lo aprueba, además de la vía de ejecución privada, deberá manejar en todo caso un escenario de ejecución y efectos sobre la Hacienda Pública para lograr los objetivos marcados y pretendidos por el plan. Pero y si incluye actuaciones sobre el Medio Urbano, cuya diferencia sustantiva es que los propietarios sí están obligados a participar y costear dichas actuaciones por imperativo legal (quizá sea por eso que las administraciones son renuentes a tramitarlas) ¿operarían los análisis, propuestas y determinaciones de igual manera sobre el Plan?
Lo que es evidente que en la “nueva normalidad” (también en la normalidad anterior) este constituye uno de los grandes retos urbanísticos y, sobre todo, pedagógicos, cómo gestionar la confección del plan condicionado por quien tiene que afrontar su costeamiento, o condicionando en todo caso a quien lo paga en función de sus deberes de propiedad o tributarios.
Es hora de repensar nuestras pautas y esta es otra de ellas, sin quedar sujetos a un estado de parálisis por análisis, aunque ello no signifique que no debamos medir la realidad, ¿Necesitamos repensar los indicadores?
Posts anteriores de esta serie
- Planeamiento v21: Imaginemos…
- Diagnóstico (sesgado) de los Planes.v56
- Reflexiones propositivas
Hola Inmaculada.
ResponderEliminarAhí está una parte del debate. ¿Deben ser únicamente los tributos o hay otros mecanismos más vinculados a los beneficios y los deberes de la actuación urbanística?
Parece que vemos como algo obvio y vinculado el sufragar las cargas de urbanización cuando se produce la primera implantación, pero sin embargo, una vez esa transformación se ha realizado parece estar interiorizado que no cabe exigir, imputar, ningún deber más, siquiera hasta cuando el beneficio patrimonial es notorio. Pero la realidad urbanística-jurídica no es así, aunque intentemos negarlo.
Cuando se producen las actuaciones de renovación (sustitución de la ordenación) todos los bienes inmobiliarios pagan la nueva ordenación y su reurbanización o cuando se producen las actuaciones de dotación otro tanto (pero claro las dos implican crecimientos de edificabilidad) y cuando se aplican las contribuciones especiales ocurre algo similar (aquí solo hay incrementos de valor patrimonial y cotizan en dicha proporción).
El mecanismo más novedoso sería el deber de conservación del derecho de propiedad, pero si a duras penas se exige para los edificios...
Pero la cuestión más allá del debate de la obtención de recursos de una naturaleza u otra, es, en ausencia del milagro de la edificabilidad, si cabe imputar a los propietarios vinculados los costes de las actuaciones de mejora y si esa circunstancia inexorable condiciona las mejoras y su definición, puesto que son ellos quien las van a pagar.
¿Cuán grande es el ciclo o lazo de circulación del dinero para denotar o no el mecanismo?, ¿Si el dinero se mezcla en la cesta de tributos acaso se paga menos o creemos que lo paga “el otro”? ¿El hecho de que se pague vía tributaria y no urbanística puede inducir en todo caso a la inacción y no afrontar la obsolescencia y déficits urbanos?
Parece evidente que nos queda recorrido por hacer.
Saludos.