Y en Viernes de Dolores, llego el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Vivienda

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Como ya apuntamos en el mes de septiembre, ante el anuncio de recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Vivienda por parte del Estado, el Gobierno Vasco solicitó la apertura de un proceso de negociación en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta solicitud abría un periodo adicional de 6 meses (LOTC 33.2.b) de supuesta negociación para poder encontrar un acomodo “interpretativo” de esta ley, si eso fuera posible.

Pues bien, dicho plazo vencía el 26 de marzo de 2016 y, como los Consejos de Ministros ordinarios son los viernes y el próximo viernes es festivo, en el Consejo de Ministros del pasado viernes (de Dolores), se anunció que el Estado haciendo uso de sus prerrogativas iba a recurrir determinados artículos de la Ley de Vivienda porque entiende que se invaden sus competencias exclusivas en la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad, por infringir el principio de culpabilidad del procedimiento sancionador administrativo, el principio de proporcionalidad respecto a las posibles infracciones en materia del derecho de propiedad y la competencia estatal de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica al regular aspectos que afectarían al mercado hipotecario.

Según la nota de prensa del Consejo de Ministros, se planteará recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Vivienda del País Vasco en los siguientes términos:

  • La regulación del deber de ocupación de la vivienda deshabitada de la Ley del País Vasco vulnera varios artículos de la Constitución.

  • No puede establecerse en el ordenamiento una responsabilidad penal o administrativa sancionadora en base a un sistema de presunciones.

El Consejo de Ministros ha solicitado al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Vivienda del País Vasco, del 18 de junio de 2015, por haber introducido el deber de ocupación de la vivienda deshabitada, sancionando su no ocupación. Asimismo, se solicita la suspensión de la citada normativa.

La Ley vasca determina e impone una nueva regulación del derecho de propiedad sobre la vivienda al incluir un nuevo deber, el de habitar la vivienda. Con ello, dicha Ley invade las competencias estatales de regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y en materia de derecho civil.

Régimen sancionador

Además, la citada Ley del País Vasco establece un régimen sancionador respecto de los propietarios de viviendas desocupadas basado en un sistema de presunciones (como, por ejemplo, consumos anormales de agua, gas o electricidad), en virtud de las cuales podrán imponerse a los titulares de viviendas deshabitadas sanciones económicas de carácter grave o muy grave.

En el ordenamiento jurídico español no puede establecerse una responsabilidad penal o administrativa sancionadora al margen del principio de culpabilidad y en base a un sistema de presunciones. Por tanto, se infringen, atribuyendo valor probatorio a meros indicios y estableciendo presunciones legales, los artículos 24.2, 25 y 149 de la Constitución, ya que los procedimientos sancionadores deberán respetar la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

Adopción de medidas

Por otra parte, la Ley cuestionada permite la adopción, por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma, de medidas tales como el desahucio administrativo, la expropiación de la vivienda, su venta forzosa, el derecho de adquisición preferente, el alquiler forzoso y la imposición de multas y sanciones, sin establecer graduación alguna entre las mismas, de manera que se vulnera el principio de la proporcionalidad.

La adopción de las medidas recogidas por la Ley vasca tendría un impacto significativo sobre las entidades de crédito y sobre el mercado hipotecario, vulnerando la competencia estatal de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Igualmente, hay que señalar que según el art. 30 LOTC, la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad no produce, por regla general, la suspensión automática de los preceptos legales impugnados, salvo en el supuesto que el Presidente del Gobierno (LOTC 62.1) recurra una ley, disposición o acto con fuerza de ley de una Comunidad Autónoma y solicite expresamente en la demanda la suspensión de su vigencia y aplicación (como presumiblemente hará). En este caso, el Tribunal Constitucional ha de ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses (CE 161.2).

Finalmente, os recordamos que, tal como se anunció en su día, los artículos que presumiblemente serán objeto de recursos son:

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3.– Definición de conceptos.

Artículo 4.– Cumplimiento de la función social.

Artículo 6.– Acción pública y derecho subjetivo.

CAPÍTULO II

DERECHO SUBJETIVO DE ACCESO A LA OCUPACIÓN LEGAL DE UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA

Artículo 9.– Modos de satisfacción y requisitos de exigencia del derecho subjetivo. 

CAPÍTULO IX, GARANTÍAS JURÍDICAS DEL USO ADECUADO, DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LAS VIVIENDAS

SECCIÓN 1ª VIVIENDA DESHABITADA, INFRAVIVIENDA Y VIVIENDA SOBREOCUPADA

Artículo 56.– La vivienda deshabitada.

Artículo 57.– Canon de vivienda deshabitada.

Artículo 59.– El alquiler forzoso de la vivienda deshabitada.

SECCIÓN 2ª ACTUACIONES PÚBLICAS PARA GARANTIZAR EL USO ADECUADO DE LAS VIVIENDAS

Artículo 63.– Instrumentos públicos de intervención administrativa en viviendas que no cumplen la función social.

Artículo 64.– Medios para acreditar el uso inadecuado de las viviendas.

SECCIÓN 3ª, INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE LA VIVIENDA Y DE LOS ALOJAMIENTOS DOTACIONALES

Artículo 72.– Expropiación forzosa de viviendas y anejos no protegidos.

Artículo 74.– Expropiación forzosa del uso temporal de viviendas incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria.

Artículo 75.– Procedimiento expropiatorio y declaración de urgencia. 

CAPÍTULO X, INSPECCIÓN, DISCIPLINA Y RÉGIMEN SANCIONADOR

SECCIÓN 2ª RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 83.– Infracciones muy graves.

Artículo 84.– Infracciones graves.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– Agentes que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios.

Buenas vacaciones!!

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Álvaro Cerezo

Álvaro Cerezo, Arquitecto (1998). Director de la Sociedad pública Puerto Deportivo el Abra – Getxo S.A. y docente de la EVETU (IVAP). Ha sido arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Zalla. Master en valoraciones UPC-EM-REV y experto en materia urbanística. Experto en proyectos europeos (URBACT III, Integrated Urban Renewal, Environmental Issues, Sustainable Housing Support to local authorities and other stakeholders in designing and delivering integrated and participatory policies). ECA Residuos nivel I. Ha impartido clases en las Universidades de la UPV/EHU, Deusto, UPC y en instituciones INAP y ERAP, así como diversos colegios profesionales.

6 pensamientos en “Y en Viernes de Dolores, llego el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Vivienda

  1. galonso1

    Se han recurrido la mayor parte de Leyes de Vivienda, entre otras cosas porque invaden competencias, lo que supone una curiosa situación, ya que lo que afecta a Derecho Civil, directamente los jueces no lo aplican.

  2. admin

    Hola a todos.
    Allá por el mes de julio os apuntamos que el Gobierno recurriría tanto la Ley de Vivienda, como la Ley Anti-Fracking. Pues bien si antes de Semana Santa os informamos sobre el recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Vivienda, ahora os anunciamos el de la Ley Anti-Fracking (así lo han anunciado hoy tras el Consejo de Ministros).

    http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201604/08/gobierno-recurre-ante-constitucional-20160408175322.html

    Un saludo a todos.

  3. Preocupada

    Y una cuestión. ¿No recurren el 73? ¿Pueden expropiar una VPO a alguien que se la adjudicaron hace bastantes años pero que ahora gana un 50% por encima de los máximos? Eso hay que decirlo al principio y decidir entonces si se acepta o no la VPO. No se pueden cambiar las reglas así. Sería retroactividad “de facto”.

  4. Natxo Tejerina

    Hola “preocupada”.

    No parece que el actual Gobierno en funciones esté preocupado por esta cuestión.

    En todo caso, es habitual que en estas “relaciones especiales” se produzcan cambios atendiendo a los nuevos objetivos de las políticas públicas. Tu sorpresa y preocupación son humanamente comprensibles, pero creo que no se trata de ningún abuso porque la expropiación no sería gratuita sino que sería percibiendo el valor de la vivienda expropiada. Es obvio que esto trastocará los planes del afectado pero, en mi opinión, el ordenamiento jurídico no garantiza que se respeten nuestros planes de futuro. Imagínate que frente a la expropiación para la construcción de una carretera se pudiera esgrimir eficazmente que “cuando yo compré no había proyecto de carretera”.

    Los que escribimos por aquí no somos muy partidarios de las políticas públicas de vivienda basadas en el modelo de la “VPO” (ahora vivienda Social o Tasada). Dicho esto, esta posibilidad de pérdida de la VPO por parte de quienes hayan mejorado su capacidad económica no nos ha pillado por sorpresa porque lleva muchos años comentándose como uno de las grandes deficiencias del sistema: que se utilice dinero público para la vivienda en propiedad y que sea detentada por quién ya no tiene necesidad de estar en una vivienda subvencionada (“la compró cuando terminó la carrera y ahora le han ascendido a gerente…”).

  5. Preocupada

    Hola Nacho:

    Evidentemente no estamos de acuerdo y lo que hablemos aquí, salvo para nosotros mismos y los que lo lean, no va a tener más trascendencia. Supongo que serán los jueces los que tendrán que decidir llegado el caso.

    Pero deseo defender el argumento de que sí es un abuso y no tolerarlo es defendernos a todos. Si firmas con la administración en unas determinadas condiciones, una de las partes (la administración) no puede cambiarlas.
    No lo legitima su fundamentación en pro de un beneficio social ni una mayoría política. ¿No hay en la historia ejemplos de abusos amparados en esto mismo?¿No se nos ocurrirían ejemplos de nuestra realidad cotidiana en los que este mismo proceder por parte de una institución pública o privada nos resultaría un atropello intolerable? Hay garantías que están por encima de un bien social. Puede que en este caso al abuso le quedan bien las vestiduras de la justicia social, pero no son tales. Se apelará a bellas razones parecidas en otras ocasiones. No defenderse de todo esto es peligroso.

    Si le compro a la administración un terreno en unas condiciones por X años, no puede venir antes de esos X años a decirme que cambia unilateralmente las condiciones y expropiármelo. Eso es cambiar las reglas a conveniencia. Pero si el terreno se lo compro a un particular, la administración podrá expropiarme si así lo estimara.
    Hay que combatir este tipo de actuaciones. Las formas tienen mucho fondo. La mala política de VPOs no se arregla generando otras injusticias.

    No tengo nada que decir en contra (es más, lo comparto) si su aplicación es a partir de las nuevas adjudicaciones y de hecho, ese parecía que era su espíritu, si está en lo cierto el link que adjunto.
    http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Gobierno-expropiar-vivienda-protegida-ingresos_0_410159421.html

    Ya veremos de qué color o colores es el próximo gobierno y lo que pasa.
    Ah, y por supuesto que pagarían la expropiación, faltaría más. Pero no estamos ahí.

    Un saludo cordial.

  6. admin

    Hoy se ha publicado en el BOE el Recurso de inconstitucionalidad n.º 1643-2016, contra los artículos 3 (incisos t), x)), 4 (apartados 1 y 2.b)), 6.1), 9.4), 56 (apartados 1), 2) y 3)), 59, 63.2) (apartados a), b), c), d), f), g), h)), 64, 72 (apartados 1) y 3c)), 74, 75, 83 (apartado d)), 84 (apartado d)) y apartado 3 de la disposición adicional primera, de la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

    http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3668

    Así que a partir de hoy 5 meses de suspensión.
    Un saludo a todos.

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