Nuevo Decreto de Estándares Urbanísticos: Sugerencias

estandares

Fuente: Carlos Sánchez Franco, http://people.oregonstate.edu

El pasado día 28 de diciembre os dábamos cuenta del proceso de consulta previa sobre la elaboración de un nuevo reglamento que regule los Estándares urbanísticos y por nuestra parte os invitábamos a un proceso de reflexión mediante la posibilidad de realizar un comentario a aquel post.

A partir de las aportaciones remitidas por Jose Luis Azkarate y de Markel Bollar cabe sintetizar que «ya no estamos en los años 70 con sus problemáticas» y que cabe abogar por «desestandarizar» y afrontar «la regeneración urbana y la rehabilitación masiva» con otras ópticas y con un «planteamiento de flexibilidad, aunque no tengan buena prensa».

Pues bien, tomando impulso a partir de esas ideas queremos lanzar estas sugerencias en esta fase preliminar de cara a ese posible nuevo reglamento o incluso necesidad de revisar la nacida “obsoleta” Ley 2/2006.

1. Actualización conceptual a consecuencia de la superación del urbanismo de propietarios.

Los cambios experimentados desde 1956 obligan a reformular la concepción del estándar, anclada a la idea del urbanismo de la Ley de Suelo de 1956, máxime teniendo en cuenta que el objetivo de la acción urbanística ya no es la materialización de la expansión urbana sino la habitabilidad y sostenibilidad del conjunto urbano resultante.

En este sentido proponemos:

  • Desasociar la definición de los objetivos de calidad urbana y las obligaciones de cesión y ejecución (además, este abordaje permitiría no reincidir en errores críticos del vigente Decreto de Estándares). La cesión y ejecución no debería formar parte del núcleo de la regulación de los Estándares sino de otro apartado de la normativa (aunque para evitar el vacío se precise, de momento, un cuerpo regulatorio adicional).
  • Establecer los objetivos de calidad urbana para el conjunto de la ciudad proyectada (y no por ámbitos de actuación cuyas fronteras, desde el punto de vista del estándar, es artificiosa) y que sea el planeamiento el que establezca la estrategia de ejecución, toda vez que la calificación debe estar identificada en el planeamiento y que, por tanto, debe ser este quien haga el juicio de necesidad. Todo ello considerando que:
    • Ya no cabe definir el levantamiento de la carga dotacional por el mero hecho de la existencia de un incremento de edificabilidad ponderada con respecto a la patrimonializada y/o materializada ¿no?
    • Las actuaciones de tabula rasa sobre suelo urbanizado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización/actuación integrada en suelo urbano no consolidado por la urbanización) serán la excepción por su insostenibilidad física, social, económica y medioambiental.
  • Establecer un sistema de seguimiento, con una relación orientativa de indicadores cualitativos y cuantitativos, con unos plazos mínimos de rendición de cuentas (p.ej., antes del mes de octubre de cada año, para que se pueda considerar en la elaboración del presupuesto municipal) e incluso con restricción al desarrollo de actuaciones que alejen la consecución de objetivos. Parece evidente la necesidad y vinculo con el informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística del TRLSR 22.6 y RVal 3.2 (Por cierto, ¿Alguien ha visto alguno de estos en Euskadi?)

2. Necesidad de análisis cualitativo por el plan.

Las necesidades de la ciudad existente no se resuelven adecuadamente mimetizando la regulación del suelo urbanizable. La intervención en la ciudad existente no debe basarse en elementos cuantitativos sino cualitativos y la fijación de estándares debería contribuir a la detección temprana de la vulnerabilidad urbana y a incidir en aspectos como la funcionalidad de la red de equipamientos públicos y privados y otros nodos de relación ciudadana, espacios libres de proximidad, requerimientos mínimos de mantenimiento y adecuación funcional de las redes… porque:

  • Las proporciones matemáticas suelen ser ajenas a las necesidades y a los procesos participados para definir las necesidades de los tejidos urbanos.
  • Las necesidades urbanas hace tiempo que dejaron de ser exclusivamente físicas y en la medida que sean integradas, el costeamiento vinculado a las actuaciones debiera hacer reevaluar su definición y valoración.

3. Necesidad de superar la distinción entre sistemas generales y locales.

Esta distinción resulta obsoleta, todas son dotaciones a urbanizar e incorporar al dominio público (TRLSR 18). Con el modelo de “urbanismo de propietarios” de la LS56 y de la LvSU, era fundamental determinar qué dotaciones estaban al servicio de la actuación (privada) y cuáles al servicio del conjunto de la población, lo que originalmente determinaba la responsabilidad de ejecución. Desde la LRSV98 la imputación de responsabilidades, efecto principal de la distinción entre dotaciones generales y locales, responde a otra lógica. Sin embargo, lo más importante es que desde la LS07, con la normalización de la acción urbanística mediante su equiparación a la del entorno comparado, se establece un urbanismo público al servicio de los ciudadanos que determina que ninguna dotación prevista pueda ser «ajena a la actuación».

Por tanto, ¿Qué sentido tiene segmentar y cuantificar separadamente los dos tipos de sistemas? ¿Dificultar más el planeamiento?

4. Estándares como valor referencial.

Los estándares han jugado un papel positivo para evitar algunos errores, pero han tenido una influencia negativa al tomarse frecuentemente como referente. Sería conveniente, dada la diversidad urbana del país, establecer no solo máximos y mínimos sino referentes acordes con cada tipología de barrio o ámbito urbanístico.

5. Estándares de Infraestructura Verde.

Es inaplazable el establecimiento de estándares de Infraestructura Verde que evidencien los déficits existentes e impongan la incorporación a la agenda de este eje de la actividad y, en el entorno urbano, superando a su vez la dicotomía de lo público o lo privado y activando todas las superficies construidas posibles (fachadas y cubiertas) para mejorar la dotación de sumideros de CO2.

En síntesis, necesitamos una revisión conceptual y práctica, que supere el anacronismo de la regulación imperante y que no es que no aporte soluciones, si no que en la mayoría de las ocasiones las impide.

¿Se os ocurre alguna aportación más?

The following two tabs change content below.

Natxo Tejerina

Licenciado en Derecho (Deusto, 1979). Abogado (Bilbao, 1980-1991), Profesor en los cursos de urbanismo del IVAP (1995-2020). Funcionario en diversos ayuntamientos desde 1991, actualmente en Urbanismo del Ayuntamiento de Barakaldo en periodo sabático.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *