Los BIDs llegan a la Comunidad Valenciana

Cuando la competitividad de los tejidos productivos requiere de nuevos instrumentos.

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Siguiendo con la estela del urbanismo comercial que señalábamos en el post anterior: El mito de Sísifo, el urbanismo comercial en Cataluña y ¿los BIDs?, hemos conocido una iniciativa realmente interesante y que constituye la primera actuación que podría permitir adentrarnos en una nueva realidad, la conservación, mantenimiento y potenciación de los polígonos industriales, los cuales constituyen el gran motor de la economía productiva.

Impulsada en parte por una conocida por nosotros, Blanca Marín Ferreiro (Secretaria Autonómica de Economía de la Generalitat Valenciana y redactora en su día de la Guía Metodológica para la redacción de Informes de Sostenibilidad Económica del planeamiento junto a Gerardo Roger), la Generalitat Valenciana ha presentado la nueva Ley de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales.

En esta ley se incluye el instrumento que hemos señalado en numerosas ocasiones, los BIDs. Aquí se llamarán entidades de gestión y modernización de áreas industriales (EGM) y que al igual que sus “primas” anglosajonas se conformarán como entidades sin ánimo de lucro (ESAL) y servirán para compartir los gastos comunes como sucede en las comunidades de vecinos y para muchas otras cosas. Son ESAL y como tales tienen una base privada pero naturaleza administrativa por las funciones públicas que desarrollarán. Las entidades de gestión se fundarán, junto con la aprobación municipal (es un socio más), en la medida de que exista una mayoría de empresas (51% de las propiedades, construidas o no, incluidas en el ámbito) que la quieran constituir, pero en la medida que lo hagan resulta de adhesión y contribución obligatoria para la totalidad del polígono (voluntariedad incentivada), si bien las obras o inversiones adicionales requerirán una mayoría cualificada o amplía mayoría (suena a actuación sobre el medio urbano, ¿verdad? Ver art. 4.4 TRLSR). Inicialmente, se plantea que las cuotas sean en función del valor catastral de las propiedades, si bien será posible introducir elementos correctores, como poner una parte fija y otra variable.

Las propias asociaciones empresariales (FEPEVAL, que aglutina gran parte de los 110 polígonos industriales actuales) reconocen que la existencia de estas entidades de gestión supone un hecho diferencial en la pervivencia y crecimiento de los polígonos industriales (“Si esos propietarios se dan cuenta de que las asociaciones tienen poder de decisión motiva a que la gente se asocie”). Entre sus funciones figuran la de colaborar con el ayuntamiento correspondiente para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones de conservación, mantenimiento, limpieza, prestación de servicios básicos y además se posibilita la asunción de la gestión indirecta de los servicios municipales y el impulso de dotaciones y servicios adicionales, en un claro ejemplo de instrumento de colaboración público-privada, que superan las vetustas y casi inexistentes entidades urbanísticas de conservación (arts. 24 y 25 RGU).

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Igualmente, esta nueva ley incorpora un concepto de competitividad entre tejidos industriales. Primeramente, establecerá una clasificación de áreas industriales básicas, consolidadas y avanzadas (Mapa de Áreas Industriales) y, en estas últimas, concederá incentivos como la reducción del 30% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o la bonificación del 50% de las tasas percibidas por la Generalitat que afecten a la creación o ampliación de empresas en ellas. En segundo lugar, les permitirá concurrir a las distintas iniciativas de ayudas para la modernización y mejora de la calidad (en su sentido integral y no de certificación de calidad, ISOs, EMAs y demás parafernalia). Tal y como ha indicado recientemente Blanca Marín, “Se genera una sana competencia para conseguir inversiones” y “Se trata de reforzar los servicios de valor para atraer empresas”.

Ante este “nuevo” instrumento cuál sería la actitud de nuestro tejido empresarial:

  • ¿Apostarán por generar valor más allá de sus edificios y fincas y beneficiarse del efecto multiplicador?
  • ¿Serían capaces de lograr ese porcentaje de adhesiones en pro del común?
  • Y los ayuntamientos ¿apostarían por la reinversión plena de los tributos y rendimientos obtenidos en los polígonos en un efectivo ejemplo de colaboración público-privada?

Parece que al menos que en Valencia sí.

Como dijo Galileo, Eppur si muove…

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Álvaro Cerezo

Álvaro Cerezo, Arquitecto (1998). Director de la Sociedad pública Puerto Deportivo el Abra – Getxo S.A. y docente de la EVETU (IVAP). Ha sido arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Zalla. Master en valoraciones UPC-EM-REV y experto en materia urbanística. Experto en proyectos europeos (URBACT III, Integrated Urban Renewal, Environmental Issues, Sustainable Housing Support to local authorities and other stakeholders in designing and delivering integrated and participatory policies). ECA Residuos nivel I. Ha impartido clases en las Universidades de la UPV/EHU, Deusto, UPC y en instituciones INAP y ERAP, así como diversos colegios profesionales.

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