¡Habemus Sentencia sobre la Ley de Vivienda! (1)

Tras más de 3 años ya tenemos texto consolidado de la Ley de Vivienda.

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Recordemos que desde el 19 de julio de 2016 se mantenían suspendidos los artículos 3, en sus letras t) y x); 4, en sus apartados 1 y 2.b); 9.4; 56, en sus apartados 1, 2 y 3; 59; 63.2, en sus letras a), b), c), d), f), g) y h); 64; 72, en sus apartados 1 y 3.c); 74; 75; 83.d); y 84.d), todos ellos de la Ley del Parlamento Vasco 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

Pues ya se ha publicado en el BOE la STC 97/2018, por la cual son constitucionales todos los artículos impugnados de la Ley 3/2015 de Vivienda excepto lo siguiente:

  • Inciso del art. 6.1: Ejercicio de la acción pública y derecho subjetivo, anula la posibilidad de exigir el derecho ante los tribunales.
  • Arts. 9.4, 74 75.3: que limitaban la capacidad de la acción de la justicia en los procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria o por impagos de arrendamiento en supuestos de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social, por ser competencia del Estado la materia jurisdiccional.
  • En cuanto a la DA 1.3.3, referida a los agentes que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios, aunque no se declara su inconstitucional, se establece que debe ser interpretada conforme a la Constitución (7.c de la Sentencia), con lo que tanto el registro como sus requisitos vinculados no son obligatorios para el desempeño de la profesión y prestación del servicio.

¡Enhorabuena a los premiados!

Dicho lo cual interesa señalar varios aspectos del fondo de la sentencia y otros que colearán y que analizaremos en próximos posts.

Resulta revelador comprobar cómo la STC evacua el juicio de constitucionalidad de los aspectos nucleares del recurso interpuesto, digamos que aplicando el principio de economía procesal:

  • Para fundamentar los artículos que se enumeran al final del párrafo no vulneran el artículo 33 CE ni la competencia estatal para regular «las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales» (art. 149.1.1 CE), el Tribunal se remite a sus anteriores Sentencias STC 16/2018 (FFJJ 5, 7, 8 y 17) y STC 32/2018 (FFJJ 6 y 8): 3.t, 3.x, 4.1, 4.2.b, 56.1, 56.2, 56.3, 59, 63.2 (letras a, b, c, d, f, g y h), 64, 72.1 (en lo que atañe al incumplimiento de la función social de la vivienda), 72.3.c, 83.d y 84.d.
  • Se remite a las mismas Sentencias (FFJJ 14 a 17 y 6 y 7 respectivamente) para fundamentar que no vulneran el principio de proporcionalidad ni la competencia estatal de «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica» (art. 149.1.13 CE) los artículos 59; 63.2 (letras a, b, c, d, f, g y h); , 64, 72.1 y 72.3.c.
  • Se remite al FJ 9 de las mismas Sentencias para fundamentar que no vulneran los principios constitucionales del Derecho administrativo sancionador (art. 24.2 y 25 CE) los artículos 64; 83.d y 84.d.
  • Respecto a la constitucionalidad de los artículos 9.4, 74 y 75.3 (sobre procesos de desahucio) es, en efecto, muy similar al de la DA2 Decreto-ley del Gobierno de Andalucia 6/2013, declarada inconstitucional y nula por la STC 93/2015. Al igual que en los casos de las leyes navarra (STC 16/2018), andaluza (STC 32/2018), canaria (STC 43/2018) y valenciana (STC 80/2018).

Las Sentencias STC 16/2018STC 32/2018 y STC 93/2015STC 43/2018 y STC 80/2018 corresponden respectivamente a los pronunciamientos sobre las Leyes navarra, andaluzas, canaria y valenciana de vivienda, las cuales fueron avaladas por el TC, de la misma manera que lo hace ahora con respecto a la nuestra al encontrar identidad de objeto y casi dicción.

Tal como comentamos en su día, atreviéndonos a enmendar a nuestros padres de la patria, no parece que las regulaciones eran tan diferentes, ¿no?. Es lo que tiene el copy-paste del Word.

Otra cuestión que también fue objeto de copy-paste fue las actuaciones sobre el medio urbano, que para nosotros se llaman Declaración de Necesidad de Rehabilitación (LvV 42, equivalente a la actuación de Rehabilitación del TRLSR, aMU-R) y Área de Regeneración Urbana (LvV 43, equivalente a la actuación de Regeneración y Renovación Urbanas, aMU-RR), las cuales se desarrollan en los artículos 40 a 51 del CAPÍTULO VII Intervención en la edificación y en los conjuntos urbanos y rurales. Las actuaciones homologas estatales estaban los artículos 7 a 19 de la L3R y ahora desperdigadas aunque fácilmente identificables en el TRLSR. Estas actuaciones fueron parcialmente cercenadas por la STC 143/2017, pero como hemos dicho, el copy-paste nos salvó.

Ahora bien ¿Se estarán aplicando esos artículos que, por cierto, no fueron recurridos? ¡Vaya pregunta después de 3 años pasaditos!

Para finalizar y como avance del próximo post, resulta peculiar otra de las innovadoras propuestas de la ley, el canon de vivienda deshabitada (LvV 57) que nos llevará al repaso de uno de los viejos principios del derecho: Non bis in idem y la vivienda vacía.

Eso será en próximos posts.

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Álvaro Cerezo

Álvaro Cerezo, Arquitecto (1998). Director de la Sociedad pública Puerto Deportivo el Abra – Getxo S.A. y docente de la EVETU (IVAP). Ha sido arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Zalla. Master en valoraciones UPC-EM-REV y experto en materia urbanística. Experto en proyectos europeos (URBACT III, Integrated Urban Renewal, Environmental Issues, Sustainable Housing Support to local authorities and other stakeholders in designing and delivering integrated and participatory policies). ECA Residuos nivel I. Ha impartido clases en las Universidades de la UPV/EHU, Deusto, UPC y en instituciones INAP y ERAP, así como diversos colegios profesionales.

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